La responsabilidad penal de los abogados.La intervención del derecho penal en la profesión PDF Download
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Author: Carmelo Jiménez Segado
Publisher: Midac, SL
ISBN: 8491483764
Category : Law
Languages : en
Pages : 344
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Book Description
La intervención del Derecho penal en la profesión de abogado, sistematizada por primera vez en este libro, se traduce, de una parte, en la existencia de una serie de delitos que protegen, en general, el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violación del secreto profesional, intrusismo, vulneración de la independencia y discriminación en la prestación de servicios); y, de otra, en la configuración de determinados delitos especiales que tienen a los abogados como principales protagonistas y sujetos activos, al considerarse que tales profesionales han incurrido en una infracción de sus deberes procesales y deontológicos con relevancia penal (delitos de presentación de pruebas falsas, incomparecencia injustificada en juicio oral, destrucción de actuaciones judiciales, revelación del secreto sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio al cliente).El autor analiza detalladamente cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de los mencionados tipos penales, con exhaustiva cita de precedentes legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, con el fin de mostrar y acotar los evasivos límites existentes entre las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias en que pueden incurrir los abogados en el ejercicio de una profesión esencial para el normal desenvolvimiento de cualquier Estado, y más si se define como de derecho.
Author: Carmelo Jiménez Segado
Publisher: Midac, SL
ISBN: 8491483764
Category : Law
Languages : en
Pages : 344
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La intervención del Derecho penal en la profesión de abogado, sistematizada por primera vez en este libro, se traduce, de una parte, en la existencia de una serie de delitos que protegen, en general, el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violación del secreto profesional, intrusismo, vulneración de la independencia y discriminación en la prestación de servicios); y, de otra, en la configuración de determinados delitos especiales que tienen a los abogados como principales protagonistas y sujetos activos, al considerarse que tales profesionales han incurrido en una infracción de sus deberes procesales y deontológicos con relevancia penal (delitos de presentación de pruebas falsas, incomparecencia injustificada en juicio oral, destrucción de actuaciones judiciales, revelación del secreto sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio al cliente).El autor analiza detalladamente cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de los mencionados tipos penales, con exhaustiva cita de precedentes legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, con el fin de mostrar y acotar los evasivos límites existentes entre las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias en que pueden incurrir los abogados en el ejercicio de una profesión esencial para el normal desenvolvimiento de cualquier Estado, y más si se define como de derecho.
Author: Carmelo Jiménez Segado
Publisher: Dykinson
ISBN: 8411224368
Category : Law
Languages : es
Pages : 356
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¿Qué sucede si quien ejerce la abogacía asesora o factura para blanquear dinero procedente de actividades delictivas, viola el secreto profesional, presenta en juicio pruebas falsas, defiende a la vez a la parte contraria, detrae sus honorarios de una indemnización al cliente, deja que caduque un plazo o que prescriba una acción? ¿Dónde acaba la negligencia profesional y la infracción deontológica y empieza la responsabilidad penal?La respuesta a las cuestiones planteadas no resulta pacífica, La triple responsabilidad que genera el ejercicio de la abogacía –disciplinaria, civil y penal– presenta contornos limítrofes, y los cambios legales y jurisprudenciales se suceden (Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019, Estatuto General de la Abogacía Española de 2021). El derecho penal debería operar en último lugar, pero hay casos en que la infracción de los derechos y deberes profesionales es de tal magnitud que la tutela penal pasa a un primer plano.La intervención del derecho penal en esta profesión reglada y esencial en todo Estado de derecho, se traduce, de una parte, en la tipificación de delitos dirigidos a proteger el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violación del secreto profesional, intrusismo, vulneración de la independencia y discriminación en la prestación de servicios); y de otra, en la configuración de delitos especiales o de infracción de los deberes de lealtad procesal y al cliente que tienen a las abogadas y abogados como protagonistas (delitos de presentación de pruebas falsas, incomparecencia injustificada en juicio oral, destrucción de actuaciones judiciales, revelación del secreto sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio al cliente).Jiménez Segado aborda, por primera vez en nuestro derecho, de manera completa, estructurada y comprensible, las infracciones penales que, desde la regulación del Código Penal vigente, pueden cometer quienes ejercen la abogacía. Y ello se hace, además, desde una perspectiva dogmática y práctica, con cita exhaustiva de legislación, doctrina y jurisprudencia (Esteban Mestre).Carmelo Jiménez Segado (Cartagena, 1971) es magistrado y doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Alcalá (2017) y doctor en Ciencias Políticas con premio extraordinario por la Universidad Complutense (2007). Autor de numerosas publicaciones en el área de las ciencias jurídicas y sociales (Delitos de género y de violencia familiar; La exclusión de la responsabilidad criminal; Ejecución hipotecaria; El poder judicial en Estados Unidos; Contrarrevolución o resistencia. La teoría política de Carl Schmitt 1888-1985), ejerce también la docencia en universidades y colegios de la abogacía.
Author: Luis Tisnado Solis
Publisher:
ISBN: 9789569952104
Category :
Languages : es
Pages : 244
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Author: Mónica de la Cuerda Martín
Publisher: Boletín Oficial del Estado
ISBN: 8434029278
Category : Law
Languages : es
Pages : 1038
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El núcleo central de trabajo que aquí se presenta se corresponde con la teoría de los actos neutrales y su traslación al campo del Derecho penal económico, específicamente, a dos de los delitos que, dotados de sesgo económico, son más paradigmáticos, esto es, el fraude fiscal (art. 305 CP) y el blanqueo de capitales (art. 301 CP), analizando sus características a través de la intervención en éstos de dos operadores jurídicos de suma importancia como son el asesor fiscal y el abogado. Con ello se pretende ofrecer una respuesta lo más clara y concisa posible a la siguiente pregunta: ¿pueden estos profesionales realizar comportamientos de contribución delictiva al delito de un tercero que se sitúen dentro de la esfera del riesgo permitido, esto es, que sean neutrales realizando así un negocio estándar? El abordaje de este interrogante requiere de un análisis que vaya desde las premisas más básicas y específicas de nuestro modelo de intervención delictiva, hasta los elementos más propios y estructurales de la atribución de la responsabilidad penal en ambos tipos penales. Pasando por un fuerte cuestionamiento de qué son, cuál es su alcance y cómo se fundamentan, en sí mismos, los comportamientos neutrales. Así, se propone la elaboración de un juicio de neutralidad que pretende alzarse como una reformulación de la teoría de la imputación objetiva desde una perspectiva intersubjetiva. Esta teoría marco se construirá sobre el reconocimiento de una dualidad de componentes (objetivo y subjetivo), y su finalidad última será de carácter bidireccional, identificándose así con un posicionamiento que permita tanto justificar la exención de responsabilidad penal de los operadores jurídicos, como su castigo. Con ello se pretenderá otorgar una mayor argumentación y coherencia a la valoración de la neutralidad del comportamiento y, en última instancia, al límite mínimo de la intervención punible, siempre desde el prisma de la responsabilidad penal individual. En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, www.boe.es, apartado de publicaciones, se incluyen las instrucciones para envío de originales, normas para su presentación y modelo de solicitud de publicación en esta colección que el autor deberá cumplimentar. La AEBOE no se solidariza con las opiniones sostenidas por los autores de los originales publicados. © De los contenidos, la autora. © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional, (CC BY-NC-ND 4.0). https://cpage.mpr.gob.es NIPO: 090-23-077-X (edición en papel); 090-23-076-4 (edición en línea, PDF) y 090-23-075-9 (edición en línea, ePUB) ISBN: 978-84-340-2927-9 Depósito legal: M-14966-2023
Author: Cristóbal Javier Cantero Cerquella
Publisher: Editorial Reus
ISBN: 8429016317
Category : Law
Languages : es
Pages : 560
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La presente monografía constituye un novedoso y profundo estudio comparativo de los artículos 320, 322 y 329 del Código penal referidos a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en materias tan sensibles para la sociedad como la ordenación del territorio, el patrimonio histórico, el medio ambiente y los recursos naturales. La actuación manifiestamente ilegal de determinadas autoridades o servidores públicos (por acción u omisión) ha sido, en buena medida, la causante del gravísimo deterioro que han sufrido los bienes anteriormente citados, haciendo necesaria la intervención del Derecho Penal como ultima ratio. La presente obra pretende dar respuestas a la problemática surgida en relación con estos tipos específicos y está dividida en tres partes. La primera hace referencia al sustrato normativo que ha sido tenido en cuenta a la hora de tipificarse estos delitos; la segunda parte intenta delimitar lo que debe entenderse por «ordenación del territorio», «patrimonio histórico» y «medio ambiente» como bienes jurídicos protegidos; en la tercera parte se lleva a cabo el exhaustivo análisis de los tres preceptos punitivos antes indicados, teniendo muy en cuenta el actual Proyecto de Ley de modificación del Código penal, de 27 de noviembre de 2009, y la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El autor, Cristóbal Cantero Cerquella (Madrid, 1952), está licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1976) y es también Doctor en Derecho por la misma Universidad. Se dedica al ejercicio de la abogacía desde 1979, compartiendo esta actividad con la investigación y muy concretamente con el denominado Derecho penal ambiental. Ha desarrollado trabajos sobre El tipo imprudente del delito ecológico y La protección penal del medio ambiente en la Unión Europea. Está Diplomado en Derecho Ambiental (2001) por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e igualmente está en posesión de la Diplomatura de Estudios Avanzados (2001) por la U.A.M. ÍNDICE PRÓLOGO 7 NOTA PRELIMINAR 11 ABREVIATURAS 13 INTRODUCCIÓN 17 PRIMERA PARTE BASES PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEL MEDIO AMBIENTE § 1. Sustrato normativo para la responsabilidad penal de las autoridades y funcionarios públicos 25 I. Los principios normativos supranacionales de la Unión Europea relativos a la ordenación del territorio, patrimonio cultural y medio ambiente. Documentos comunitarios básicos jurídicos-penales 26 II. El núcleo esencial de la Constitución española respecto a su repercusión en las incriminaciones especificas estudiadas 31 A) El medio ambiente, los recursos naturales y el acceso a la cultura como necesidad para el aseguramiento de una digna calidad de la vida y el pleno desarrollo de la personalidad del ciudadano 32 B) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 35 C) La referencia de los arts. 45.3 y 46 de la CE al uso de la vía penal en los delitos relativos al medio ambiente y al patrimonio cultural, y el alcance del art. 47 de la CE 38 III. El principio de unidad del ordenamiento jurídico como criterio esencial interpretativo en los tipos penales objeto de estudio 42 § 2. La responsabilidad funcionarial en el marco jurídico-penal 45 I. Los Poderes públicos y la genérica posición de garante de las Autoridades y Funcionarios públicos. Las garantías de protección y de control 45 II. Consideraciones de Derecho comparado respecto a la responsabilidad funcionarial en los delitos contra la ordenación del territorio, protección del patrimonio histórico y el medio ambiente 48 A) Alemania 49 B) Italia 51 C) Francia 53 D) Rasgos comunes del sistema español y el Derecho comparado (Alemania, Italia y Francia) 56 SEGUNDA PARTE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE COMO BIENES JURÍDICOS OBJETO DE PROTECCIÓN PENAL Consideraciones previas 59 § 3. Los bienes jurídicos penalmente protegidos relativos a la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente y Recursos Naturales 61 I. Reflexiones acerca de la teoría del bien jurídico penalmente protegido y sobre los bienes jurídicos colectivos 61 A) Aproximación a la teoría del bien jurídico penalmente protegido 61 B) Los bienes jurídicos colectivos 68 II. La rúbrica del Título XVI del Libro II CP y su conexión con los Capítulos I, II y III del mismo 73 A) El Capítulo I del Tít. XVI «De los delitos sobre la ordenación del territorio» 75 B) El Capítulo II del Tít. XVI «De los delitos sobre el patrimonio histórico» 77 C) El Capítulo III del Tít. XVI «De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente» 79 III. La Ordenación del Territorio, el Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente como materia de protección penal en el Tít. XVI 80 A) Vínculos y diferencias existentes entre la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente. Necesidad de concreción de los mismos 81 B) Determinación de los presupuestos del bien jurídico-penal ¿Cumplen estos tres bienes colectivos con tales requisitos? 86 IV. Los intereses protegidos en los arts. 320, 322 y 329 CP 90 A) El «correcto funcionamiento de la Administración pública» como bien protegido genérico en los delitos previstos en los arts. 320, 322 y 329 CP 91 B) El uso y aprovechamiento racional del suelo como bien jurídico específicamente protegido en el art. 320 CP 96 C) La preservación de sus valores y la función social de bienes histórico-culturales españoles como bien jurídico específicamente protegido en el art. 322 CP 99 D) El ambiente natural como realidad física y el mantenimiento del equilibrio ecológico como bien jurídico a protegerse específicamente en el art. 329 CP 101 TERCERA PARTE LOS TIPOS PENALES RELATIVOS A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL TITULO XVI DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL Consideraciones previas 109 § 4. Elaboración y concreción de los arts. 320, 322 y 329 del CP 113 I. Criterios políticos-criminales para la tipificación de las conductas objeto de estudio 113 A) La polémica sobre la tipificación específica de la responsabilidad penal de las Autoridades y Funcionarios públicos en las materias objeto de estudio 116 1. Necesidad de una tipificación específica respecto a los funcionarios públicos con competencias ambientales 119 2. La insuficiencia del delito de prevaricación administrativa respecto a los funcionarios públicos con competencias ambientales 123 B) Antecedentes prelegislativos, legislativos y la elaboración de los arts. 320, 322 y 329 CP 126 1. El Proyecto de Ley Orgánica de Código penal (PLOCP) de 17 enero 1980 126 2. La Propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código penal de 1983 (PANCP) 128 3. Anteproyecto de Ley Orgánica de Código penal de 1992 (ALOCP) 129 4. Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 1992 (PLOCP ‘92) 130 5. Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 1994 (PLOCP ‘94) 132 C La Ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código penal 132 D) Elaboración de los arts. 320, 322 y 329 CP de 1995 134 E) Valoración del proceso de elaboración legislativa de los arts. 320, 322 y 329 CP 139 II. La configuración de los tipos penales 141 A) Excurso: los delitos de peligro y leyes penales en blanco 142 1. El concepto de delitos de peligro en el Derecho penal 143 2. Sobre las leyes penales en blanco 145 B) Técnica legislativa empleada en los arts. 320, 322 y 329 CP en cuanto al riesgo de la conducta: diversas posiciones doctrinales sobre la naturaleza de los delitos previstos en estos preceptos 146 1. Los artículos 320, 322 y 329 CP como delitos de peligro hipotético y de peligro abstracto puros (Gómez Tomillo) 147 2. Los artículos 320, 322 y 329 CP como delitos exclusivamente de peligro hipotético (Sierra López) 149 3. Los artículos 320, 322 y 329 CP como delitos obstáculo «sui generis» (Cuesta Pastor) 151 4. Los artículos 320, 322 y 329 CP como delitos «lesivos» (De la Mata Barranco) 155 5. Toma de postura 157 C. La exigencia constitucional de taxatividad y su compatibilidad con la técnica de ley penal en blanco utilizada en los arts. 320, 322 y 329 CP 163 III. El contenido del injusto en los arts. 320, 322 y 329 CP. Relación entre la peligrosidad de la acción y los bienes jurídicos protegidos 170 IV. Recapitulación 174 §. 5. Análisis de los arts. 320, 322 y 329 CP 177 Introducción 177 I. El tipo objetivo de los arts. 320, 322 y 329 CP 178 A. Cuestiones comunes en los tipos objetivos referidos 179 1. Consideraciones previas en cuanto a los sujetos de los delitos analizados 185 2. Especial referencia al sujeto activo (autoridades y funcionario público) 187 2.1. La función pública como elemento distintivo de los arts. 320, 322 y 329 CP 190 2.2. Concepto de Autoridad. Requisitos (art. 24.1 CP) 195 2.3. Concepto de Funcionario público (art. 24.2 CP) 199 2.3.1. Análisis de los elementos normativos del funcionario público 202 2.3.2. Nuevas formas y supuestos polémicos de funcionarios 206 2.3.3. Los miembros de los Colegios profesionales y su posible actividad como función publica 211 2.3.4. La actividad privada del funcionario público o autoridad en materias relacionadas con la ordenación del territorio, el patrimonio histórico o el medio ambiente 215 2.3.5. Las posturas de lege ferenda de Valeije Álvarez y Rebollo Vargas respecto a la determinación de las autoridades y funcionarios públicos como sujetos activos 216 2.4. Delimitación de los sujetos activos en los arts. 320, 322 y 329 CP. La distinta posición de su responsabilidad por motivos de su competencia 220 2.5. Toma de postura en relación a las autoridades y funcionarios públicos 228 2.6. Sobre el sujeto pasivo en los delitos de los arts. 320, 322 y 329 CP 230 3. La injusticia y/o ilegalidad del acto o resolución y la supresión del término «arbitrario» como elementos objetivos de los arts. 320, 322 y 329 CP 233 3.1. Problemática 233 3.2. Diferentes posiciones doctrinales respecto al elemento típico de la injusticia 234 3.3. Toma de postura respecto al elemento típico de la injusticia 240 3.4. La conexión entre la injusticia-arbitrariedad-ilegalidad (manifiesta) en los arts. 320, 322 y 329 CP 242 4. El «informe favorable» como primera conducta típica de los delitos analizados 245 4.1. Concepto y naturaleza del informe. El sujeto del informe y su carácter favorable 247 4.2. Contenido de la conducta típica informante y la diversificación de los informe (vinculantes, no vinculantes, preceptivos, no preceptivos/facultativos, informes orales, por adhesión etc.) 251 4.3. El «informe a favor» versus «visado». Su naturaleza jurídica 254 4.4. La problemática de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en los delitos objeto de estudio. Su naturaleza jurídica 258 4.5. Alcance y delimitación del «informe favorable» en estos delitos 265 4.5.1. El informe a favor como elemento típico autónomo 266 4.5.2. El informe a favor como elemento típico vinculado a la concesión de las licencias 268 4.5.3. Posición intermedia en relación al nexo informe/concesión licencia 270 4.5.4. Toma de postura 272 5. Concepto y consideraciones generales sobre las «licencias» 274 5.1. Alcance de las licencias típicas 276 5.2. La problemática de las licencias viciadas por nulidad o anulables a los efectos del apartado 2o. de los arts. 320, 322 y 329 CP 280 5.3. La cuestión del otorgamiento de la licencia por silencio administrativo positivo a los efectos de los tipos analizados 281 6. La referencia a la prevaricación común (art. 404 CP) 290 6.1.La tesis de la «prevaricación específica». El concepto de prevaricación 291 6.2. Referencia a los efectos de determinación de la pena 292 6.3. Toma de postura respecto a la referencia del art. 404 CP en los delitos de los arts. 320, 322 y 329 CP 294 7. La problemática de las conductas funcionariales omisivas en las materias delictivas objeto del presente análisis. Planteamiento 296 7.1. En cuanto a la emisión de informes injustos por omisión: alcance del art. 9 no. 1.3o. del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales (RSCL) en los tipos penales objeto de estudio 298 7.2. En cuanto a la conducta omisiva injusta de la autoridad o funcionario que afecta a la ordenación del territorio, al patrimonio histórico y al medio ambiente 301 8. Las conductas típicas del apartado segundo de los arts. 320, 322 y 329 CP. 308 8.1. Resolver por si mismo (órgano unipersonal) 311 8.2. La votación a favor de la concesión como miembro de un órgano colegiado. Planteamiento de la cuestión 313 8.2.1. Alcance de la votación respecto de la concesión de la licencia. El problema causal y las diferentes posturas doctrinales. 315 8.2.1.1. La cuestión procedimental en el «voto a favor» 316 8.2.1.2. La problemática del «voto a favor» como conducta típica autónoma 322 8.2.1.3. Toma de postura y critica respecto a la conducta típica del «voto a favor» 328 8.2.2. Variantes a la votación a favor 333 8.2.2.1. La abstención de la autoridad o funcionario a los efectos de los delitos analizados 333 8.2.2.2. El asentimiento en el órgano colegiado a los efectos de los delitos analizados 337 8.2.2.3. La ausencia en la votación de la autoridad o funcionario a los efectos de los delitos analizados 338 8.2.2.4. El Voto en contra, nulo o en blanco y el voto secreto de la autoridad o funcio-nario a los efectos de los delitos analizados 339 9. Recapitulación 341 B) Cuestiones específicas en los tipos objetivos referidos 350 1. Introducción 350 2. Elementos objetivos específicos del delito del art. 320 CP 351 2.1. ¿Necesidad de vincularlo con el tipo básico del art. 319 CP? 353 2.2. Los informes sobre proyectos de edificación o la concesión de licencias (ilegales) del art. 320.1 CP. Su concreción y determinación 356 2.2.1. El concepto de edificación versus construcción. Su carácter permanente 360 2.2.2. La problemática de las parcelaciones y las urbanizaciones ilegales respecto al art. 320 CP 362 2.3. La «contrariedad a las normas urbanísticas vigentes» del art. 320 CP 365 2.3.1. Delimitación del término urbanismo frente al de ordenación del territorio 367 2.3.2. Concreción y alcance del elemento típico «normas urbanísticas vigentes» del art. 320 CP 368 2.4. La gravedad de la infracción en el delito del art. 320 CP 375 2.5. La problemática jurídico-penal de la aprobación o modificación arbitraria de los planes urbanísticos (las «recalificaciones ilícitas» del suelo) 377 3. Elementos objetivos específicos del delito del art. 322 CP 381 3.1. Las conexiones o vínculos del delito del art. 322 CP con el tipo básico del art. 321 CP 382 3.2. Análisis del elemento típico «los proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos» del art. 322 CP. 384 3.2.1. El derribo proyectado e informado favorable e ilegalmente por la autoridad o funcionario público (de los edificios singularmente protegidos) como elemento objetivo del art. 322 CP. Los expedientes de ruina 386 3.2.2. La alteración proyectada e informada ilegal y favorablemente por la autoridad o funcionario público (de los edificios singularmente protegidos) como elemento típico del art. 322 CP 388 3.2.3. La singularidad y el concepto de «edificios» como elementos típicos del art. 322 CP 389 3.3. La gravedad de la infracción en el tipo penal del art. 322 CP 395 4. Elementos objetivos específicos del delito del art. 329 CP 395 4.1. La relevancia de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación, en el art. 329 CP 396 4.2. Determinación del elemento típico «funcionamiento de las industrias y actividades contaminantes» 401 4.3. La referencia a los artículos anteriores del art. 329 CP 403 4.4. El silenciamiento de las infracciones de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulan por parte de las autoridades o funcionarios acontecidas con motivo de sus inspecciones del art. 329 CP 407 5. El nexo de unión entre los apartados 1 y 2 de los arts. 320, 322 y 329 CP 419 6. Recapitulación 422 II. El tipo subjetivo de los arts. 320, 322 y 329 CP 428 1. El concepto «a sabiendas» 429 2. Problemática sobre la conexión entre el elemento subjetivo (a sabiendas) y el objetivo (la injusticia) 432 3. La forma dolosa en los artículos 320, 322 y 329 CP 437 3.1. El dolo directo (de primer y segundo grado) en los delitos estudiados 438 3.2. El dolo eventual en los arts. 320, 322 y 329 CP 440 3.2.1. Posiciones favorables a la apreciación de la concurrencia del dolo eventual 441 3.2.2. Posiciones contrarias a la aceptación del dolo eventual 444 3.2.3. Toma de posición 446 4. La forma imprudente en las responsabilidades funcionariales relativas a la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente 449 § 6. Iter criminis de los arts. 320, 322 y 329 CP 453 I. Consideraciones previas 453 II. La consumación 457 1. La consumación delictiva de las «conductas informantes a favor» de los arts 320.1, 322.1 y 329.1 CP 457 2. La consumación de la conducta de «conceder por sí mismo la licencia ilegal» de los arts. 320.2, 322.2 y 329.2 CP 463 3. La consumación de la conducta de «votar a favor de la concesión de licencia ilegal» en los arts 320.2, 322.2 y 329.2 CP 463 4. La consumación de la conducta del silenciamiento de infracciones con motivo de sus inspecciones del art. 329 CP 465 III. La tentativa 465 § 7. Las consecuencias jurídicas estipuladas en los arts. 320, 322 y 329 CP 469 I. Consideraciones generales 469 II. La problemática de la «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años» (art. 404 CP) como primera de las penas establecidas en los arts. 320, 322 y 329 CP 471 III. Las diferentes penas de prisión establecidas en los arts. 320, 322 y 329 CP (con carácter alternativo a la pena de multa) 474 IV. Las distintas penas de multa establecidas en los arts. 320, 322 y 329 CP (como alternativa a la pena de prisión) 478 V. La similitud penológica en los apartados uno y dos de los tipos penales estudiados 481 VI. Valoración final de las penas establecidas en los arts. 320, 322 y 329 CP 483 § 8. La cuestión concursal en estas responsabilidades funcionariales específicas 487 I. Introducción a esta problemática concursal 487 II. Previsibles concursos de leyes en este tipo de responsabilidades funcionariales 489 III. Análisis de la relación entre las conductas específicas objeto de estudio (arts. 320, 322 y 329 CP) y los tipos básicos (arts. 319, 321, 325.1 y 328 CP) 490 A) Análisis de la relación entre los arts. 320, 322 y 329 CP y el art. 404 CP 501 B) El concurso ideal de delitos entre los arts. 319, 321, 325.1 y 328 CP y el art. 404 CP como forma de responsabilidad penal de autoridades y funcionarios públicos con competencias en ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente 504 IV. Recapitulación 506 § 9. Significado, alcance y ubicación sistemática de las disposiciones comunes del Capítulo V del Título XVI CP 509 I. Introducción 509 II. La Cláusula del art. 338 CP 510 III. La Cláusula del art. 339 CP 512 IV. La Cláusula del art. 340 CP 513 BIBLIOGRAFÍA 515
Author: Lorena Bachmaier Winter
Publisher: ARANZADI / CIVITAS
ISBN: 8413915619
Category : Law
Languages : es
Pages : 514
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Las comunicaciones entre el abogado y su cliente se caracterizan por la confidencialidad, que reclama una estricta protección constitucional, pues son un elemento esencial del derecho a la asistencia letrada y del derecho de defensa en el proceso penal. El secreto profesional de los abogados está regulado por las leyes penales y procesales, y por la normativa sobre la abogacía. Hoy, sin embargo, esa tutela normativa puede resultar insuficiente, entre otras razones por la posibilidad de acceso e incautación masiva de archivos informáticos sin que exista un mecanismo adecuado para filtrar las comunicaciones y documentos protegidos por el secreto profesional. Se hace por ello necesario reconsiderar la protección de este importantísimo aspecto de la relación abogado-cliente, tanto en la investigación penal como en las investigaciones internas en el ámbito del compliance. El presente volumen aborda algunas de las cuestiones más relevantes en materia de confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente. Partiendo del estudio de la jurisprudencia internacional y española, se intenta arrojar luz sobre el alcance de la protección del lawyer-client privilege en el ámbito del compliance, señalando los riesgos que puede implicar para el derecho de defensa transferir el resultado de las investigaciones internas al ámbito de la justicia penal.
Author: S.I. Strong
Publisher: Edward Elgar Publishing
ISBN: 1849807876
Category : Foreign Language Study
Languages : es
Pages : 721
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Comparative Law for Spanish–English Speaking Lawyers provides practitioners and students of law, in a variety of English- and Spanish- speaking countries, with the information and skills needed to successfully undertake competent comparative legal research and communicate with local counsel and clients in a second language. Written with the purpose of helping lawyers develop the practical skills essential for success in today’s increasingly international legal market, this book aims to arm its readers with the tools needed to translate unfamiliar legal terms and contextualize the legal concepts and practices used in foreign legal systems. Comparative Law for Spanish–English Speaking Lawyers / Derecho comparado para abogados anglo- e hispanoparlantes, escrita en inglés y español, persigue potenciar las habilidades lingüísticas y los conocimientos de derecho comparado de sus lectores. Con este propósito, términos y conceptos jurídicos esenciales son explicados al hilo del análisis riguroso y transversal de selectas jurisdicciones hispano- y angloparlantes. El libro pretende con ello que abogados, estudiantes de derecho y traductores puedan trabajar en una segunda lengua con solvencia y consciencia de las diferencias jurídicas y culturales que afectan a las relaciones con abogados y clientes extranjeros. La obra se complementa con ejercicios individuales y en grupo que permiten a los lectores reflexionar sobre estas divergencias.
Author: Center of Legal Competence
Publisher:
ISBN:
Category : Civil procedure
Languages : en
Pages : 594
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Author: James R. May
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 1107022258
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 427
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Reflecting a global trend, scores of countries have affirmed that their citizens are entitled to healthy air, water, and land and that their constitution should guarantee certain environmental rights. This book examines the increasing recognition that the environment is a proper subject for protection in constitutional texts and for vindication by constitutional courts. This phenomenon, which the authors call environmental constitutionalism, represents the confluence of constitutional law, international law, human rights, and environmental law. National apex and constitutional courts are exhibiting a growing interest in environmental rights, and as courts become more aware of what their peers are doing, this momentum is likely to increase. This book explains why such provisions came into being, how they are expressed, and the extent to which they have been, and might be, enforced judicially. It is a singular resource for evaluating the content of and hope for constitutional environmental rights.
Author: Sally Jones Andrade
Publisher:
ISBN:
Category : Social Science
Languages : es
Pages : 184
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